Ley 7291 o Ley 9445 donde debo matricularme?
El conflicto institucional surge porque en Córdoba primero existía el colegio creado por la Ley 7191 y luego, años después, se creó un colegio específico para el corretaje inmobiliario: el CPI. La razón principal fue una discusión sobre incumbencias profesionales y especialización del ejercicio inmobiliario. �
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En 1984 se sancionó la Ley 7191, que creó el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba. Esa ley reguló conjuntamente a martilleros, corredores públicos y tasadores, otorgándole al colegio el gobierno de la matrícula profesional y el control del ejercicio de la actividad. Antes de esa ley, la actividad estaba dispersa y parte del control dependía del Registro Público de Comercio y del Poder Judicial. �
CPMCP +1
Con el paso de los años, un sector de operadores inmobiliarios sostuvo que el corretaje inmobiliario había adquirido características propias y requería un ámbito profesional específico, distinto del martillero tradicional y de la actividad de remates judiciales. Según la reconstrucción histórica difundida por el propio CPI, ya desde fines de los años 80 comenzaron pedidos para reformar la Ley 7191 y crear una institución exclusiva para corredores inmobiliarios. �
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Ese proceso terminó con la sanción de la Ley Provincial 9445 (2007), que dio origen al Colegio Profesional de Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, conocido como CPI, con una matrícula específica para el corretaje inmobiliario. Desde entonces, el CPI sostiene que la intermediación inmobiliaria debe ser ejercida por matriculados en ese colegio, mientras que el colegio de Ley 7191 ha sostenido históricamente que sus matriculados también poseen habilitación para ejercer corretaje, porque la ley original incluía a corredores públicos. �
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En términos simples: el CPI se creó no porque no existiera un colegio anterior, sino porque un sector impulsó la idea de que la actividad inmobiliaria debía separarse del esquema general de martilleros y corredores regulado por la Ley 7191, creando una matrícula especializada para el corretaje inmobiliario. Esa creación generó —y todavía genera— debates jurídicos e institucionales.